La iniciativa presentada abrogaría la Ley de Defensoría Pública local en tanto que la nueva legislación pretende regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, así como garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil.
Ciudad de México, 15 febrero 2022 (REDACCIÓN/ CDMX MAGACÍN).-La diputada del PRI Mónica Fernández presentó una Iniciativa para crear la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la CDMX con el objetivo de garantizar que exista la asistencia profesional de abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables.
La iniciativa presentada abrogaría la Ley de Defensoría Pública local en tanto que la nueva legislación pretende regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, así como garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil.
Fernández Cesar, recordó que en febrero de 2014 se emitió la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, en donde solamente se regula y reconoce la Dirección de Defensoría Pública.
Lo anterior, a pesar de que la Constitución Política local, el Instituto de Defensoría Pública será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Señala además que contará con autonomía técnica y de gestión, plena independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley.
De acuerdo con la Constitución, la persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público de conformidad con el procedimiento establecido en la propia Carta Magna.
