Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Las relaciones peligrosas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra con Guillermo Billy Álvarez, ex director de la Cooperativa La Cruz Azul que también controla al equipo de futbol, prácticamente lo van a dejar fuera de la carrera para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es decir, ya fracasó, ya cruzazuleó.
Pero no sólo este hecho opera en contra de las aspiraciones de Guerra. Hay otros más. Por ejemplo, las decisiones machistas que le ha permitido a jueces y magistrados, como el caso más reciente en que un juzgador ordenó el encarcelamiento de María Fernanda Turrent, víctima de violencia vicaria.
El hecho ha sido tan evidente y grave violación de los derechos humanos, que desató un escándalo en el que Rafael Guerra salió mal, pues le atribuyeron que uno de sus jueces, supuestamente con su consentimiento, ordenó el encarcelamiento de Turrent. Y, vaya coincidencia, después del ruido mediático, el lunes una jueza de control del TSJCDMX decidió no vincular a proceso penal a Turrent, por supuesta sustracción de menores.
El caso también salpicó a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde, pero de inmediato se deslindó de cualquier responsabilidad, con una decisión contundente: ordenó la destitución del fiscal de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera. “No se va a permitir la manipulación del sistema con recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder”.
Otro hecho que opera contra las intenciones de Guerra para ser ministro de la SCJN es el historial de señalamientos de organizaciones y colectivos feministas, de que su gestión, de casi ocho años, ha estado manchada por decisiones machistas de jueces y magistrados, especialmente en procesos vinculados con violencia de género. Ha habido manifestaciones multitudinarias para exigir su destitución o renuncia.
A estas voces se ha sumado el hoy diputado federal de Morena, José Narro, quien ha advertido sobre resoluciones judiciales contra mujeres víctimas de violencia vicaria y en disputa legal por pensiones alimentarias y guarda y custodia de hijos. En resumen, acusan a Guerra de “complicidad” por omisión en delitos de violencia vicaria.
No suficiente con ello, ahora Guerra impulsa como su sucesor a otro magistrado también señalado por no actuar contra la violencia de género, sino al contario. Se trata de Andrés Linares Carranza, consejero de la Judicatura capitalina, quien cuando fue magistrado de la Quinta Sala Familiar del Poder Judicial del Distrito Federal, se ganó el anti premio Garrote Público 2016 por la “sentencia más sexista”.
En ese año, sentenció quitarle a Silvia, una mujer española, la guardia y custodia de su hijo –de padre mexicano–, basándose en que “no cumplió su rol tradicional de madre”, y la mandó a tomar terapia para que, conforme a las costumbres de México, “acepte los roles tradicionales de género”.
En el caso de las relaciones peligrosas de Rafael Guerra con Billy Álvarez, cooperativistas de La Cruz Azul durante años acusaron al magistrado presidente de haber frenado juicio civil mediante el cual pretendían destituirlo de la dirección de la Cooperativa.
También el propio Billy Álvarez inculpó a Guerra de ser el “brazo ejecutor” de una red de abogados que lo presionaban y amenazaban, y que supuestamente lo extorsionaron. Según ha dicho, entregó al magistrado 14 millones de pesos para que frenara las actuaciones judiciales en su contra. Ahora, en prisión, Álvarez seguro ya abrió la boca y Rafael Guerra a terminar de cruzazulear rumbo a la Corte. Lo veremos.
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