CIUDAD DE MÈXICO 17 DE ENERO (CDMX MAGACIN).– El Gobierno capitalino retiro vapeadores de la vía pública mediante un operativo en donde se decomisaron 50 mil 376 productos con el fin de hacer un espacio público accesible y grantizar el bienestar de los ciudadanos.
“Entiendo que un disparo de estos vapeadores equivale a cuatro cajetillas de cigarro en cuanto al contenido de nicotina. Imagínense ustedes lo que significa para la salud. Se recuperan más de 50 mil vapeadores, que hace el gobierno de la ciudad en estas tareas de recuperación del Centro Histórico, mercancía que está prohibida por, como hemos dicho, todas las implicaciones que se tienen”, dijo la mandataria Clara Brugada.
Explico que, dichas acciones se suman a 24 mil 572 retiros de mercancía ilegal, esto como parte de un proyecto que contempla la disminución y eliminación de la venta de productos ilegales en la zona.
A su vez, el secretario de Gobierno, César Cravioto dijo que, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, la Subsecretaría de Reordenamiento, a través de un operativo, decomisó 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos, tras el levantamiento mismos que fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) federal, para su destrucción.
Explicó que por el precio de entre 150 y 200 pesos mexicanos de cada uno de estos dispositivos, se retiraron aproximadamente 10 millones de pesos en mercancía, y detalló que se detuvo a un masculino de 26 años que tenía a su disposición dos armas y marihuana, la cual fue remitida al Ministerio Público.
La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman aseguró que la modificación a la Ley General de Salud establece un marco claro frente a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, misma que se coloca como una herramienta legal para actuar y proteger la salud de la población.
«La ley define ahora estos productos como dispositivos que vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, que son inhaladas directamente por personas consumidoras; esto es importante decirlo con claridad, no se trata de vapor inocuo, se trata de sustancias dañinas que entran al organismo», aseveró Gasman Zylbermann.
Subrayó que estos dispositivos generan adicción, como principalmente los que tienen contenido de nicotina, mismos que son engañosos por sus sabores y presentaciones, lo cual minimiza el riesgo que representan y afectan de manera muy especial a niños y adolescentes porque interfieren con su desarrollo neurológico y facilitan el inicio temprano de otras adicciones.
Reiteró que estos productos contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos que no tienen autorización sanitaria y representan un riesgo grave para la salud; de los cuales no hay evidencia científica que respalde que son una alternativa segura al consumo de tabaco.
Gasman Zylbermann expuso que en México más de 14 millones de personas, equivalente al 15 por ciento de la población, fuman actualmente; otros 14 millones quedan expuestas involuntariamente al humo del tabaco; y 12 millones han usado alguna vez un cigarrillo electrónico.
Remarco que cada año el tabaco provoca 63 mil muertes prematuras; mientras que los padecimientos respiratorios representan una de las principales cargas de enfermedad en el país con más de 12 millones de registros acumulados en 2025.
«La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el EPOC como lo conocemos, está entre las principales causas de muerte por enfermedad respiratoria, y el cáncer de pulmón continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en México», alertó la titular de la dependencia sanitaria.
La fiscal General, Bertha Alcalde Luján, señaló que dicha reforma a la Ley General de Salud, no criminaliza a las personas, no persigue a las y los ciudadanos, ni busca penalizar el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, lucro y comercialización de estos dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
“El Estado tiene la obligación de actuar. Retirar vapeadores de la vía pública no es solo un acto simbólico o aislado, es una acción preventiva que busca reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que se aprovechan de vacíos regulatorios para lucrar con el daño. Es una política que pone en el centro el interés superior de la niñez y el derecho a la salud”, expresó.
Finalmente, el comisionado de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez, expresó que el gobierno no puede ser cómplice silencioso de este tipo de problemas sociales, por ello destacó esta iniciativa por dejar claro el mensaje de “no al consumo, distribución, comercialización y lucro de este tipo de sustancias psicoactivas”.
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