CIUDAD DE MÉXICO 12 DE DICIEMBRE (CDMX MAGACIN). –El diputado Pablo Trejo exhortó a diversas autoridades locales a reforzar el trabajo para atender el creciente problema de los despojos patrimoniales a las personas mayores.
Asimismo, se considere la implementación de un programa especial para la regularización y escrituración del patrimonio de las personas de 60 años y más.
Expuso que en el Plan de Política Criminal 2023 que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX remitió al Congreso se indica que se detectó la compraventa de inmuebles por medio de contratos apócrifos, daciones en pago y juicios civiles, en los que se presenta documentación falsa del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la Tesorería de la ciudad e instrumentos notariales.
Remarco que, esa dependencia realiza investigaciones por el delito de despojo y detectó cinco modus operandi, siendo los adultos mayores las principales víctimas.
Dijo que los avances tecnológicos y médicos, así como la disminución de la natalidad en el mundo, han propiciado condiciones para una mayor esperanza de vida para las personas. “Se le ha denominado transición demográfica. En América Latina y el Caribe ¬–según la Organización Mundial de la Salud– en 2020 la población tenía 65 años o más, representando el 8%, y se estima que ese porcentaje se duplicará para el 2050 y superará el 30% para finales de siglo”.
Señaló que, de acuerdo con las atenciones prestadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, el despojo representa un 26% de las peticiones de apoyo, pasando a ser en un corto tiempo la demanda número uno desde 2018.
“En México, el 32.1% de los 17 millones 958 mil 707 de personas mayores sufre algún tipo de maltrato, principalmente por sus hijos, hijas, pareja o familiares, como informa el INAPAM”, preciso.
Menciono que, quienes suelen abusar de la fragilidad de este grupo etario con premeditación y ventaja son vecinos, familiares, amigos, personas cuidadoras, es decir, las personas cercanas en un 45%.
“En 2023, el porcentaje de personas de más de 60 años pasó al 14.7 por ciento. El segundo mayor porcentaje por entidad, lo tiene la Ciudad de México con un 16.2%, lo que representa 1,491,619 personas mayores y una proyección, según el Consejo Nacional de Población de casi 2 millones para 2050. De esta población, 47.9% de ellos vive en hogares nucleares, 39.8% reside en hogares ampliados y 11.4% conforman hogares unipersonales, es decir, viven solos”, afirmó.
Consideró que el aumento del número de personas mayores representa un desafío, por lo que el Estado debe garantizar la calidad de vida en materia de acceso a la salud, a la alimentación, al empleo, a la vivienda, al bienestar emocional, a la seguridad social, y a la procuración de justicia.
Aseguró que “a pesar de todos los esfuerzos sociales e institucionales, a las personas mayores se les estigmatiza y atribuyen una serie de calificativos que denigran esta etapa de la vida. Las personas mayores enfrentan prejuicios, estereotipos, discriminación y diferentes tipos de abusos y violencias, entre los que se encuentra el despojo de sus bienes y propiedades, causándoles daño patrimonial”.
Resaltó que, a pesar de las políticas públicas acertadas del Gobierno de la Ciudad, a través de instrumentos como Línea de Atención a la Persona Mayor, la agencia especializada en Personas Adultas Mayores en Ciudad de México, Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) entre otros, “se requiere atender la problemática del despojo de las propiedades de las Personas Mayores. Encontramos en los medios de comunicación documentados diversos casos de estos despojos, que las dejan en condición de vulnerabilidad e indefensión”.
Solicitó se exhorte al Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad De México para que para que se refuercen las medidas de canalización a la fiscalía cuando las personas mayores sean víctimas de un despojo patrimonial y a remitir un informe de la situación del despojo de las personas mayores en la Ciudad de México.
Asimismo, se exhorte a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus facultades, considere la inclusión de un programa especial para la regularización y escrituración del patrimonio de las personas de 60 años y más.
