Glorieta de Colón
Está bien que el Gobierno de la CDMX esté obligado a instalar la cantidad de cámaras de videovigilancia conforme a la densidad poblacional en cada Alcaldía, como lo ha propuesto el diputado panista Diego Garrido. Pero antes que eso hay dos aspectos más importantes, sin los cuales no tiene sentido siquiera que hubiera una cámara en cada esquina de la Ciudad: que funcionen para combatir la impunidad. En la CDMX estas cámaras son de tipo disuasivo, son enormes, vistosas, a diferencia de otras grandes urbes, donde no se ven, pero se sienten y, sobre todo, sí se utilizan para llevar a juicio a los criminales. En la CDMX los Ministerio Público se resisten a solicitar las videograbaciones del C5, y éste muchas veces alega que no funcionaba la cámara o que ya se borró el archivo por el paso del tiempo. A pesar de que según se instalaron más de 25 mil cámaras la administración anterior, el índice de impunidad no disminuyó y sigue casi en el 99%. El anterior director del C5, Juan Manuel García, presumió que las cámaras tienen capacidad de reconocimiento facial, tema no regulado que invade gravemente la privacidad. Es otra historia.
Pues que vayan por él
Acaso sin darse cuenta, los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México le dieron un raspón a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la ex titular de la Fiscalía de la CDMX, Ernestina Godoy, hoy titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia. La bancada de Morena exigió que se investigue al recién electo presidente nacional del PAN, Jorge Romero, para que “aclare el destino de los 8 mil millones de pesos que se ocuparían para la reconstrucción de la CDMX”, tras el terremoto del 19s de 2017. Sheinbaum tuvo casi 5 años como jefa de Gobierno para indagar y Godoy más o menos lo mismo en la Fiscalía. Hasta donde se sabe, no hicieron nada. Ya se está tardando Clara Brugada para ordenar una investigación ¿O no?
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