CIUDAD DE MÉXICO 30 DE SEPTIEMBRE (CDMX MAGACIN). – El diputado Pablo Trejo Pérez presentó en el Congreso de la Ciudad de México un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) a fortalecer las estrategias que fomenten los bancos de alimentos en mercados públicos, sobre ruedas y móviles en su modalidad de tianguis, bazares, complementarios y demás centros de abasto de la capital. El objetivo central es «incentivar el aprovechamiento de alimentos y minimizar su desperdicio».
En el documento se destaca la urgencia de atender la brecha existente en la gestión integral de residuos alimentarios, particularmente en los espacios de comercialización itinerante.
Cada año se desechan 13.4 millones de toneladas de alimentos en México. A nivel local, «la Ciudad de México genera diariamente 964.08 toneladas de residuos de alimentos, principalmente frutas y hortalizas».
A pesar del volumen de desperdicio, durante 2022, solamente se donaron 28.128 toneladas a comedores públicos y comunitarios, una cifra que evidencia «el enorme potencial que aún existe para aprovechar estos alimentos y mejorar la seguridad alimentaria de la ciudad».
En la proposición, el legislador señala que, si bien la Ciudad de México cuenta con el Programa de Certificación Cero Residuos de Alimentos (PCCRA) implementado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el cual es un instrumento de autorregulación voluntaria para grandes generadores como mercados y centrales de abasto, «el mencionado programa no contempla un esquema obligatorio ni acciones específicas para tianguis y mercados sobre ruedas».
Estos espacios, que son «fundamentales para el abasto popular y el sustento de miles de familias», son puntos significativos de generación de desperdicio alimentario, sobre todo de frutas, verduras y productos perecederos. La «ausencia de un plan sistemático y permanente de prevención, recuperación y aprovechamiento de alimentos aptos para consumo no sólo refleja una brecha en la gestión integral de residuos, sino también una oportunidad desaprovechada para combatir la inseguridad alimentaria».
El Diputado del Distrito 15 de Iztacalco también indica que la problemática se agrava debido a que los espacios de comercialización itinerante «operan con infraestructura precaria para la conservación de alimentos, lo que propicia la generación cotidiana de volúmenes significativos de residuos orgánicos». Esta carencia de «sistemas de refrigeración, condiciones adecuadas de almacenamiento y mecanismos inmediatos de donación» resulta en que «toneladas de frutas, verduras y alimentos preparados terminen en rellenos sanitarios».
El Punto de Acuerdo se fundamenta en compromisos nacionales e internacionales. A nivel mundial, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye la Meta 12.3 que busca «reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial para 2030». De acuerdo con cifras de la FAO, el 13% de los alimentos del mundo se pierde en la cadena de suministro antes de la venta al por menor, y otro 17% se desperdicia en los hogares, servicios de alimentos y el comercio minorista.
En el ámbito local, la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México establece como objetivo específico «Promover la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos en el funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados e incrementar su aprovechamiento».
Además, la misma ley confiere a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) , entre otras, las siguientes atribuciones: «Fomentar bancos de alimentos en mercados públicos, sobre ruedas y móviles en su modalidad de Tianguis, Bazares, complementarios y demás centros de abasto de la Ciudad, en coordinación con las autoridades competentes», así como «Promover la optimización de las cadenas de suministro de alimentos para impulsar la economía local, incentivar el aprovechamiento de alimentos y minimizar su desperdicio».
La iniciativa subraya que enfrentar la pérdida y el desperdicio de alimentos es fundamental para avanzar en la lucha contra el hambre y debe ser una prioridad para los gobiernos locales y nacionales, dado que «reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos, generan menores ingresos para los productores y aumentan los precios para los consumidores».
El Congreso capitalino hace el llamado a la SEDECO para que utilice sus atribuciones y disponibilidad presupuestal para fortalecer estas estrategias, reconociendo la urgencia de pasar de instrumentos voluntarios a acciones más robustas y sistemáticas en los puntos de venta de mayor concentración de alimentos perecederos.
La proposición se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y eventual aprobación.
