CIUDAD DE MÉXICO 02 DE OCTUBRE (CDMX MAGACIN). Los diputados Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras y Pablo Trejo Pérez, coordinadora y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, presentaron en el Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Albergues Privados para Personas Mayores de la Ciudad de México, en materia de los derechos de las personas mayores.
La iniciativa aborda el innegable fenómeno global del envejecimiento poblacional. En el contexto local, la Ciudad de México ya se encuentra en la etapa avanzada de envejecimiento demográfico.
De acuerdo con el reporte de la ONU, Perspectivas de la Población Mundial 2024, para finales de la década de 2070, se prevé́ que la población mundial de 65 años o más alcance los 2,200 millones, y supere en número a los menores de 18 años. A mediados de la década de 2030, habrá́ 265 millones de personas mayores de 80 años, más que niños.
Las estimaciones más recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2025), indican que en el país existen 17,121,580 de personas mayores, las cuales representan el 12.8 % de la población total. Se prevé́ que para el año 2030 el país alcance una etapa de envejecimiento demográfico, caracterizada por tener más personas mayores (14.96%) que jóvenes (0 a 14 años). Además, se estima que para el año 2070 el porcentaje de personas mayores ascenderá́ al 34.
En 2024, la mayoría de las entidades federativas de México (27 en total) se ubicaron en la etapa moderada-avanzada de envejecimiento demográfico. En contraste, el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Morelos ya habían alcanzado la etapa avanzada. Si las tendencias actuales se mantienen, en seis años el Estado de México y
la Ciudad de México concentrarán el mayor porcentaje de personas mayores del país, superando el 21% en 2030 y entrando así la etapa muy avanzada del proceso de envejecimiento demográfico.
Los promoventes señalan que un número creciente de personas mayores reside en albergues privados, los cuales son “espacios de estancia permanente destinados a brindar atención gerontológica a personas mayores, las 24 horas del día, durante los 365 días del año”.
Sin embargo, los diputados argumentan que la ley actual, que data de 2009 con reformas parciales, “no aborda de manera suficiente la protección de sus derechos fundamentales, dejando un vacío legal que expone a una población vulnerable a posibles abusos, negligencia y pérdida de autonomía”.
Por ello, se considera indispensable que el marco jurídico evolucione “de un enfoque puramente asistencialista a uno basado en los derechos humanos”, tal como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Se busca asegurar que los albergues se transformen en “sitios en los cuales se promuevan activamente sus derechos, como la autonomía, la participación, la salud integral y el desarrollo de sus residentes”.
La necesidad de esta reforma se sustenta en que, al tratarse de una población en condición de vulnerabilidad, es “obligación del Estado garantizar que las condiciones en los albergues respondan a los más altos estándares de protección y bienestar”. Se señala que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, a “cuatro de cada diez personas mayores se les ha negado injustificadamente alguno de sus derechos”.
La iniciativa tiene un fuerte sustento en el marco constitucional y convencional, citando: el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el goce de derechos humanos y tratados internacionales; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, destacando principios como la dignidad, independencia, autonomía, igualdad, bienestar, cuidado y buen trato; así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente al respeto a la integridad física, psíquica y moral, así como a la dignidad humana.
La propuesta de reforma se considera esencial para proteger y promover los derechos humanos de este sector poblacional, alineándose también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 10 y 11 de la Agenda 2030.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y eventual aprobación.
