CIUDAD DE MÉXICO, 9 de agosto, (CDMX MAGACÍN).- Para garantizar el acceso a la justicia de las personas indígenas, se debe lograr la adecuada comprensión del desarrollo y resolución de los asuntos en lo que se ven inmersos, afirmó en representación del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, Yolanda Rangel Balmaceda, en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En ese marco, se subrayó que actualmente 415 personas indígenas están privadas de la libertad en la Ciudad de México, y que dos de cada tres de ese total pertenecen a seis comunidades indígenas (náhuatl, mazateca, otomí, mixteca, zapoteca y totonaca), lo que representa 266 casos, de acuerdo con datos del sistema penitenciario capitalino.
En un acto virtual, Rangel Balmaceda enfatizó que el lenguaje no debe ser un muro que impida la interacción con los indígenas, la cual deberá efectuarse con el apoyo de un intérprete que sirva de puente de comunicación, pero no sólo en los casos en los que la persona no hable o entienda el español, sino cuando se autodetermine como perteneciente a un grupo indígena.
Aseguró que los trabajadores del PJCDMX están obligados a proteger los derechos de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, en especial el de acceso de la justicia, mediante un lenguaje claro, sencillo y preciso, para lo cual se evitarán formalismos y tecnicismos legales que dificultan la comprensión, además de que tampoco se pasan por alto las creencias, usos y costumbres de sus comunidades.
“Sé que aún falta un gran camino por recorrer en la reivindicación de los derechos de las personas indígenas, pero seguiremos trabajando desde distintos ejes para la implementación de proyectos con perspectiva pluricultural, el derecho a la autoadscripción y la implementación de ajustes razonables en el procedimiento en los casos que involucren a grupos de atención prioritaria con el propósito de lograr una sociedad culturalmente incluyente”, enfatizó Rangel Balmaceda.
Asimismo, refrendó el compromiso del órgano judicial capitalino por respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, por tratarse de una labor prioritaria para la institución.
En el acto, la coordinadora nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Paloma Bonfil Sánchez, se refirió a la importancia de los estudios etnográficos, dictámenes culturales y de peritajes para ampliar las posibilidades de acceso de la población indígena, afromexicana, y de otros sectores, a la justicia y a la construcción efectiva de una sociedad multicultural y plurilingüe, tal como se plantea en la Constitución.
A su vez, Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, planteó el derecho de los pueblos indígenas a preservar su identidad cultural, y recordó los conceptos de noción de unidad nacional y de uniformidad cultural, cuya consecuencia fue el desfasamiento y la pérdida de muchas lenguas y muchas culturas e identidades.
Por último, la secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno local, Laura Ruiz Mondragón, recordó que en todas las alcaldías capitalinas habitan personas de los pueblos indígenas del país, y precisó que alrededor de 290 mil personas viven en hogares indígenas, es decir, el 3.4 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México.
