Guillermo Juárez / CDMX Magacín
El Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas constitucionales que reconocen derechos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la que transfiere la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La modificación en materia indígena fue aprobada por unanimidad, lo que “es una muestra de que cuando hay voluntad política y se pone en el centro los derechos de la gente, podemos avanzar de manera correcta”, expresó la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo.
Dicha iniciativa fue enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión y tras ser avalada, se turnó al Constituyente Permanente, que son las legislaturas de todas las entidades de la República. Xóchitl Bravo explicó que la minuta aprobada modifica el artículo 2 de la Constitución, sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, a quienes se les reconoce como sujetos plenos de derecho público y su personalidad jurídica.
Detalló que uno de los objetivos de dicha reforma es el reconocimiento al patrimonio cultural, material e inmaterial de quienes viven en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
“Es una lucha de muchísimos años atrás de los pueblos originarios. Hoy se reconoce la autonomía de los pueblos para que se rijan bajo sus sistemas normativos, respetando la Constitución Mexicana y las normas vigentes”, remarcó.
Agregó que la minuta enviada por el Senado fue creada a partir de los recorridos que hizo el López Obrador por todos los pueblos y estados del país durante su sexenio.
Añadió que con esta reforma también se promueve la preservación de las lenguas indígenas, como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación, y se promueve la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos.
Tras aprobar la reforma de la Guardia Nacional, la presidenta del Congreso, Martha Ávila destacó que independientemente del tono de los posicionamientos, esta sesión se desarrolló de manera ordenada, con tolerancia y respeto a las diferentes visiones de las expresiones políticas representadas en el Congreso local.
Y es que, sobre todo los panistas fueron severos críticos, como el caso de la diputada Laura Álvarez, quien dijo que “ante la ineficacia de la actual estrategia de seguridad no se puede apoyar esta reforma, pues se está destruyendo a la institución militar y se busca dar a la Guardia Nacional facultades superiores de las que ha tenido la policía; y aseguró que se vive la mayor crisis de violencia en la historia”.
Rebeca Peralta, del PVEM, respaldó la reforma y señaló que “no puede haber paz si no consolidamos el sistema de seguridad y fuerzas armadas de nuestro país”, pues dijo confiar que la Guardia Nacional y el Ejército van a combatir con eficacia la violencia y el crimen organizado que azota al país históricamente.
También diputada del PAN, América Rangel, advirtió que esta reforma “abona a la militarización del país y busca llegar a un Estado autoritario”.
