CIUDAD DE MÉXICO 11 DE MARZO (CDMX MAGACIN).-En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes.
Al respecto, la diputada Luisa Fernanda Ledesma (MC) dijo que cuando se da la oportunidad de ser creativas a las personas jóvenes se convierten en factores de cambio, por lo que se debe asegurar que todas y todos tengan acceso a una educación de calidad, no únicamente a un apoyo económico.
El legislador Ricardo Rubio (PAN) consideró que esta disposición debería estar en una norma secundaria o en un reglamento, pues refiere a un programa social que debería estar en posibilidad de modificarse de acuerdo con la suficiencia presupuestal o en atención a una contingencia, ya que podrían presentarse juicios de amparo en exigencia de dicho recurso.
Enfatizó que estos programas no deberían dirigirse a las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan.
La diputada Diana Barragán (PT) expresó que esta minuta busca garantizar constitucionalmente que las y los jóvenes que no estudian ni trabajan encuentren un camino hacia el empleo digno.
“No es asistencialismo, es justicia social”, porque cada peso invertido en los jóvenes se traduce en productividad en innovación y porque un país que apuesta por sus jóvenes apuesta por su futuro, afirmó.
El diputado Manuel Talayero (PVEM) argumentó que esta reforma responde a una de las problemáticas más dolorosas de la sociedad mexicana: la falta de oportunidades para las personas jóvenes, al favorecer la capacitación para el trabajo de las y los jóvenes de 18 a 29 años, permitir su reinserción al mercado laboral, favorecer su desarrollo integral y contribuir a prevenir la inseguridad.
En su oportunidad, el congresista César Guijosa Hernández (MORENA) dijo que durante años se han descalificado los programas sociales destinados a la juventud, sin embargo, éstos son una inversión estratégica al capital humano, al permitir que las y los jóvenes se capaciten e ingresen al mercado laboral.
Por su parte, el congresista Federico Chávez (PAN) subrayó que esta iniciativa no premia el esfuerzo y “la inflación como resultado del financiamiento público basado en deuda a través de estos programas en cinco años nos va a explotar”.
El legislador Paulo Emilio García MORENA) dijo que “esta reforma en sí misma es una reivindicación”; expresó que los jóvenes sin oportunidad de estudiar ni trabajar durante el sexenio de Felipe Calderón pasaron de 4.5 a 5.1 millones, una forma nociva y clasista de entender el Estado con las juventudes. Ya se tiene la oportunidad para que este programa sea un derecho y ahora el Estado mexicano le disputa a las organizaciones delincuenciales a los jóvenes.
El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) afirmó que propiciar condiciones y oportunidades iguales favorece el desarrollo social; y que este apoyo económico mensual para las y los jóvenes permite su desarrollo integral, no como un gasto asistencialista.
“Sino como una forma del Estado de romper con años de marginación y exclusión para un sector históricamente olvidado, al facilitar su capacitación laboral”
“Desde la oposición vamos a estar muy atentos a la empleabilidad, resultados y sobre todo el beneficio para las y los jóvenes”, aseguró la congresista Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) al referirse a esta propuesta.
La diputada del PAN, Frida Guillen expresó que este recurso no debe ser politizado ni condicionarse, por lo que se analizará la política y si es positivo el balance será respaldado por su bancada.
“Desde la oposición vamos a estar muy atentos a la empleabilidad, resultados y sobre todo el beneficio para las y los jóvenes”,
La diputada Cecilia Vadillo (MORENA) se manifestó a favor de este programa de becas, que permite que las y los jóvenes ganen experiencia laboral y aprendan, y a la par, ayuda a las pequeñas empresas que les dan oportunidades a las y los beneficiarios. Afirmó que en 2018 había 15 millones de jóvenes en pobreza extrema, y en 2022 se redujo a 12 millones.
