CIUDAD DE MÈXICO 28 DE DICIEMBRE (CDMX MAGACIN).- El Congreso capitalino aprobó diversos dictámenes emitidos por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante los cuales se reforman diferentes disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de prevención del delito e incremento de penas a personas infractoras.
Acerca de lo anterior, se adicionó un segundo párrafo al artículo 179 a la norma citada para incrementar en dos terceras partes la pena establecida de uno a tres años de prisión, a quienes cometan el delito de acoso callejero.
Se aprobó imponer sanciones de prisión y multa “a quienes cometan delitos en materia de medio ambiente, tales como invasión de zonas protegidas, a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un beneficio económico derivado de estas conductas, a quien descargue o deposite hasta un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado, entre otros ilícitos”.
Mientras que los delitos conocidos como “montadeudas” se castigarán con prisión de 10 a 15 años y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
Además, se impondrán penas privativas de libertad de 2 a 6 años para quienes roben vehículos no motorizados, lo anterior con el objetivo de proteger el patrimonio de las personas usuarias, así como garantizar el derecho a una movilidad segura y libre de contaminantes.
También, aprobaron adiciones al Código Civil para el Distrito Federal para reconocer de forma expresa la posibilidad de exigir el pago de alimentos de manera retroactiva desde el nacimiento de la personal acreedora, lo anterior para dotar de certeza jurídica un derecho, que por su naturaleza es imprescriptible y vinculado a la afiliación.
Para garantizar la impartición de justicia a la ciudadanía, las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia, presentaron un dictamen, que también fue avalado por las y los integrantes del Congreso local, para actualizar el marco jurídico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Específicamente para actualizar su Ley Orgánica para alinearla al mandato constitucional y a su operación actual, entre lo que se destaca: “el reconocimiento en la ley de la diferenciación de respuestas institucionales, según la naturaleza del caso, la creación de diversos modelos de gestión y de unidades administrativas relativas a la investigación y litigio, determinación, salidas anticipadas e imputado desconocido, ajustes que se realizarán mediante gastos compensados, lo que implica que no habrá un impacto presupuestal en su implementación”.
Finalmente, entre los trabajos legislativos, también se validó la armonización de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, para que se haga referencia a la Ciudad de México y no, al extinto Distrito Federal.
En la sesión de trabajo presentaron los dictámenes aprobados las personas legisladoras: por el PAN, Lizzette Salgado, Andrés Sánchez Miranda y Federico Chávez Semerena; por MORENA, Yuriri Ayala y por el PVEM, Yolanda García.
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