Glorieta de Colón
El viernes se cumplirá ya un mes del homicidio de Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, su principal asesor, y al menos públicamente todavía no se sabe que haya algún detenido, que hayan identificado a alguno de los atacantes o que hayan orientado con mayor precisión el móvil del doble asesinato. El argumento de la fiscal Bertha Alcalde: “Tomamos la decisión, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (Omar Harfuch), y la de Seguridad Ciudadana de esta capital, de guardar el sigilo de la investigación”. También dice: “No vamos a fabricar culpables, no nos vamos a acelerar con las detenciones sin antes tener las pruebas necesarias para probar este delito ante los tribunales”. A un mes, tener gente detenida no sería haberse acelerado, sino al contrario. Aquí quedan de dos sopas, una mala y la otra peor. Si no han detenido a nadie después de un mes, ya se les pelaron. Si detuvieron a alguien y no lo han dicho, podrían estar violentando la Ley. ¿Será que en el caso está ocurriendo, tristemente para todo mundo, lo que dicen criminólogos? “No hay crimen perfecto, lo que hay es incapacidad de investigación”. Es pregunta.
Franeleros, negocio de policías
Ahora sí la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sorprendió a propios y extraños porque propuso elevar las sanciones contra los llamados franeleros, hasta con 36 horas de arresto inconmutables, mientras que en la Ley de Cultura Cívica actualmente se establece una multa de mil 500 pesos o servicio comunitario. Aunque no lo diga, la jefa de Gobierno parece estar penalizando la pobreza y el desempleo, porque la gente que opta por hacerle al franelero es porque ya no tuvo de otra para subsistir. A pesar de todo, afirma que no busca criminalizar esta actividad. Brugada lo que debe hacer es agarrarles las manos a sus policías, porque son los que les piden cuota a los franeleros, quienes para cumplir les piden cuota a los automovilistas.
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