Línea Fifí
Martín de J. Takagui
En esta semana dos temas de la mayor importancia aborda el gobierno del presidente Andrés López Obrador, que tienen que ver con el uso de los recursos públicos y con temas, presuntamente electorales.
En el caso de la Cuenta Pública de 2019, primer año de gobierno de la actual administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se metió en un problema de credibilidad del cual difícilmente podrá salir.
Y es que decir que se triplica el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, para iniciar el de Santa Lucía, que podría costar a los mexicanos, no al gobierno ni al presidente 331 mil millones de pesos no es cualquier cosa.
El fin de semana pasada, la ASF que preside David Colmenares Páramo, dio a conocer el resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019 dejó ver una gran diferencia, de casi 200 mil millones de pesos en el costo de la cancelación del aeropuerto.
De inmediato, el lunes en su conferencia mañanera , el presidente López Obrador mostró su furia y aseguró que eso es falso, y «yo tengo otros datos» voy a pedir que se aclare ese asunto.
Y no es cuquier cosa ni un error, como lo reconoció la noche del mismo lunes la ASF, diciendo que corregirán el dato, originado por un error de procedimiento.
Se trata de un organismo de fiscalización del gasto público, el cual hasta la semana pasada tenía la mayor credibilidad en el tema de vigilancia del uso de los recursos públicos.
Pase lo que pase, la credibilidad institucional de la ASF es nula, el problema es que no hay forma de recuperar la confianza.
Si Colmenares cedió ante la presión presidencial es muy grave y habrá de corregir su dicho, pero si en realidad fue un error metodológico, mucho más grave.
Hoy Colmenares ya no tiene nada que hacer en esa institución, una vez corregido y arreglado el asunto, tendrá que renunciar, por el bien de la institución, porque nunca más podría tener credibilidad la revisión de los gastos públicos.
Por lo que hace a la solicitud de la Fiscalía General de la República, para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero, se trata de un tema delicado que de no tener todos los pelos de la burra en la mano, podría traer costos altos a la autollamada cuarta transformación.
La FGR pidió que se impulse un juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional al gobernador panista de Tamaulipas, quién tendría que enfrentar un juicio penal.
El propio gobernador asegura que se trata de una cacería de brujas, pero de no ser así es muy probable de que una semana antes de que se realicen las elecciones de junio, podría haber un gobernador desaforado y en un juicio penal.
Sin duda se trata de un asunto de la mayor importancia, pues solamente el gobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal, ha sido desaforado, por un juicio político, en este caso es un juicio demprocedencia en donde la FGR busca llevarlo a juicio penal por delitos federales.
Hay que esperar el desenlace de todo esto.
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