Óscar V. Machado / CDMX Magacín
La Ciudad de México es la urbe de América Latina más cara para comprar y rentar una casa o departamento, de acuerdo con el Instituto de Investigación del banco alemán Deutsche Bank, que en un estudio que difundió en junio pasado detalla que en la capital azteca el metro cuadrado tiene un costo de 3 mil 533 dólares; en segundo lugar, se encuentra Buenos Aires, Argentina con 2 mil 699 dólares y Santiago de Chile con 2 mil 633 dólares.
Más allá de politiquerías, el mercado inmobiliario de la Ciudad de México es muy dinámico y tiene una estructura económica sólida, siempre se mueve, por lo que se debe aprovechar esta fortaleza para hacerlo más equitativo y poder crear vivienda para personas de sectores populares, afirma José María Nava Townsend, profesor del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Al apoyar el Bando 1 del Gobierno de la Ciudad de México, el urbanista señala que la administración de Clara Brugada también tiene que buscar estructuras de mayor equidad y fomento de estímulos e incentivos para que los inversionistas inmobiliarios tengan interés en construir vivienda social.
“Yo puedo lanzar el Bando, que es un instrumento legal, y puede tener ciertas circunstancias que propicien el fomento, pero si no hay dinámicas de condonación de cierto tipo de impuestos o deducción de costos, pues al mercado no le interesara invertir y será muy difícil que se concrete esa mayor equidad, porque el mercado se mueve en función de sus propios intereses”.
Con una maestría en Desarrollo Urbano por la UIA, el académico advierte que el gobierno capitalino no debe caer en la tentación de tener un control absoluto y entorpecer el mercado inmobiliario y ejemplifica con el gobierno federal del PAN del ex presidente Felipe Calderón con el despliegue del programa “Piso firme”.
“Uno de los indicadores de pobreza es que la vivienda tenía piso de tierra, entonces el gobierno hizo un programa para que todos los hogares tuvieran piso de concreto, pero la dinámica no hizo que la gente saliera de la pobreza, que ganarán más, que tuvieran más educación, etc. Eliminó un indicador de pobreza, pero en verdad no cambió la dinámica económica y social de la gente”.
Apunta que para que el mercado inmobiliario tenga interés en construir vivienda para sectores populares, el gobierno capitalino tiene que impulsar estímulos e incentivos fiscales, “el inversionista afirma: si tengo que construir vivienda de bajo costo, por lo tanto el margen de ganancia es menor y por lo tanto requiero incentivos fiscales para tomar el riesgo”.
El inversionista inmobiliario no es amigo, ni enemigo, es un inversionista que tomara el riesgo de aportar dinero y espera una ganancia y un resultado positivo si no lo tiene, invertirá en otras dinámicas, explica.
El gobierno debe tener el papel de regulador y de árbitro en el mercado inmobiliario, de regulador en el sentido de establecer las leyes que regulen y haya mayor equidad; y de árbitro para que la iniciativa privada cumpla con la estructura legal para esas estrategias de regularización, pero lo que le debe quedar claro es que el mercado inmobiliario no se mueve por decreto, puntualiza el académico de la Universidad Iberoamericana.
