CIUDAD DE MÉXICO 11 DE DICIEMBRE (CDMX MAGACIN).–Diputados locales aprobaron un dictamen a la iniciativa para reformar la «Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal», con la finalidad de homologar las referencias a la CDMX e incluir lenguaje incluyente y no sexista.
La propuesta de la diputada Leonor Gómez Otegui (Morena) señala que la finalidad de esta iniciativa es que la legislación se encuentre acorde a los conceptos actuales de la administración de la Ciudad de México, además de promover un lenguaje incluyente que dignifique a todas las personas a las que va dirigida.
Asimismo, la diputada Jannette Elizabeth Guerrero (PT), presidenta de la comisión dictaminadora, indicó que este dictamen busca promover un cambio fundamental, al garantizar que el lenguaje refleje igualdad y respeto para todas las personas y eliminar términos excluyentes y estereotipos de género.
“Más allá de las palabras, esta iniciativa representa un paso firme hacia la visibilizarían de las mujeres, un llamado a erradicar la violencia de género y una herramienta para construir una sociedad más justa e incluyente”, afirmó.
En el documento se da a conocer que “por años las mujeres han sido excluidas de la sociedad, lo que ha provocado un menor desarrollo personal en la vida pública y privada, y que dicha exclusión se ha dado incluso en el lenguaje, por lo que este es un paso más para que se “nombre lo que no es nombrado”.
También, se busca que todas las leyes hagan referencia a la Ciudad de México, y no al Distrito Federal, “ya que si bien, muchos documentos jurídicos a la fecha han sido armonizados o en su caso, derogados y expedidos nuevos, para dar mejor respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía, es necesario realizar los ajustes necesarios a los diversos documentos que faltan”.
De igual forma, se aprobó la opinión en sentido positivo con modificaciones respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las personas titulares de las Alcaldías, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, incrementen la cantidad de rampas en los espacios públicos dentro de su demarcación y habiliten sitios web accesibles para personas con discapacidad.
