Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
El homicidio de dos colaboradores del primer círculo de Clara Brugada es un foco rojo no sólo para el Gobierno de la Ciudad de México, sino también para el Gobierno Federal.
Tristemente tuvo que ocurrir el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y de José Muñoz, asesor en seguridad, para que se reflexione sobre el riesgo real que corren muchos de los colaboradores del staff de gobernadores, secretarios y la propia presidenta, por su cercanía, lo que los hace susceptibles también de presiones, amenazas, atentados.
Por supuesto que no habría dinero que alcance para ponerle al menos un chofer-guarura a tantos, pero la violenta situación que enfrenta el país sí obliga a que personajes de altos cargos en el gobierno tengan alguna otra forma de protección, más allá de las posturas populistas del sexenio anterior, que acaso han de traer más costos que beneficios.
No se trata de volver al pasado en que altos funcionarios usaban a choferes y guaruras para fanfarronear, intimidar, y no para su seguridad que requería el cargo que ostentaban. También es un riesgo no sólo para el funcionario, sino para la estabilidad de una ciudad, para la gobernabilidad que, por ejemplo, el responsable de las finanzas o del combate a la corrupción en una ciudad o en el país ande sin la menor protección.
El Gobierno de la CDMX podría hacer mucho sin necesidad de crear alguna institución más, ni engrosar por engrosar la nómina gubernamental. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que encabeza Pablo Vázquez, podría tener la responsabilidad de cuidar a los funcionarios en áreas sensibles, e incluso que le ayudara el titular de la misma dependencia a nivel federal, Omar García Harfuch, por la cercanía que tiene con él.
Ambos tienen áreas competentes para ello. En el caso de la capital, la Subsecretaría de Inteligencia de la SSC, a cargo de Hermenegildo Lara Lugo, un policía con experiencia, quien a su vez tendría también el respaldo de la Secretaría de Gobernación, por su cercanía con la titular, Rosa Icela Rodríguez.
No se trata de que todos traigan protección, sino que implementen un serio protocolo para gente del staff, secretarios, subsecretarios, directores generales, para evaluar continuamente situaciones de riesgo. Puede ser mediante el llenado de cuestionarios de valoración periódicamente, entrevistas, líneas de denuncia y orientación, y lo que implique todo un sistema de alertas a los propios trabajadores, para que ante cualquier peligro se tomen las medidas pertinentes para protegerlos, así como también la información estratégica que puedan poseer sobre seguridad, combate a la delincuencia, corrupción. No se trata de crear una Gestapo que persiga a los trabajadores, sino un sistema que detecte riesgos de manera oportuna.
No es sólo con guaruras, porque tampoco sería fácil que la gente cambie su estilo de vida, como el caso de José Muñoz, quien viajaba en Metrobús, pasaba a comprar su cafecito en el Oxxo y quedaba de ver a su compañera Ximena para que le diera un ‘ride’. Esto sería lo normal sin el precedente de ayer y en un país más tranquilo, no con la convulsión que estamos enfrentando.
Hoy, funcionarios con ese perfil de cercanía con la jefa de Gobierno o la presidenta, con la responsabilidad de la agenda o que poseen información estratégica, confidencial, deben tener escoltas, o en el peor de los casos ser parte de un esquema de protección, un protocolo que los tenga con el nivel de riesgo lo más bajo posible, especialmente por su integridad. Lo veremos.
