Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Este miércoles arrancan reuniones de trabajo de alcaldesas y alcaldes con diputados del Congreso de la Ciudad para el Presupuesto de Egresos 2025. Pero hay algo extraño: tal parece que casi a ninguno le interesa defender el Presupuesto Participativo, pues andan muy calladitos sobre el tema –salvo excepciones–, a pesar de que es el único recurso que van a poder ejercer las Alcaldías de manera directa para ayudar al ciudadano, porque existe el riesgo de que el próximo año ya no les permitan operar programas sociales.
En junio pasado, el Congreso de la CDMX, a iniciativa del entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, le arrebató prácticamente todos los programas sociales a las Alcaldías, con el argumento de que se duplican con los del Gobierno de la Ciudad de México. Ese es el argumento, pero en realidad el plan es que a la gente le quede claro que lo que le dan proviene de Morena, del Gobierno capitalino, para que a la hora de las elecciones sepa a quién le tiene que agradecer con su voto.
Cuando se aprobó esa reforma –en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía una acción de inconstitucionalidad–, una de las diputadas que más criticó y se opuso fue Tania Larios, actualmente coordinadora del PRI, porque acusó que se va a generar un sesgo en la distribución de programas sociales, beneficiando a unos y castigando a otros.
“Votaron por desaparecer los apoyos para madres trabajadoras, para personas con discapacidad, para familias de bajos recursos y para terminar de destruir las estancias infantiles que los alcaldes de la Alianza mantuvieron”, criticó en aquellos días.
Con esta reforma, por ejemplo, un programa social exitoso implementado por la Alcaldía Miguel Hidalgo, “Manos a la Olla”, podría desaparecer, sin que existiera la certeza de que sus beneficiarios fueran atendidos por el Gobierno capitalino. “¿Debe desaparecer el programa de la Alcaldía? ¿O solamente debería evitarse que una persona esté en el padrón de beneficiarios de la Alcaldía y el Gobierno capitalino?
Si la Corte no declarara inconstitucional esa modificación que impide a las Alcaldías otorgar y operar sus propios programas sociales, lo que va a ocurrir es que Brugada designará representantes del gobierno capitalino en cada demarcación territorial para fines de programas sociales, y precisamente serán quienes aspiren a ser alcaldes. Sería una estrategia en copia de la que hizo López Obrador en su momento con los delegados del Bienestar, que a la postre se convertirían, la mayoría, en candidatos a gobernadores.
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, ha sido el más insistente en que perviva el programa Presupuesto Participativo, para que no se queden con las manos vacías. Lo planteó en la sesión de Cabildo con los demás alcaldes y la jefa de Gobierno Clara Brugada.
El Presupuesto Participativo es un recurso que los ciudadanos, en una consulta del IECM, deciden en qué se va a gastar en su manzana, en su colonia. Ese dinero se ejercen vía cada Alcaldía, y sirve a los ediles para hacer política.
Por la relevancia que tiene para los alcaldes, este tema del Presupuesto Participativo deberían plantearlo todos en sus reuniones con diputadas y diputados para la construcción del paquete económico 2025. Pero también deberán salvar sus programas sociales, lo que podría ocurrir si las reglas de operación que establece el Gobierno de la CDMX no son en esencia las mismas que de los programas de las Alcaldías. Va a ser un debate muy duro. Lo veremos.
FOTO: Especial GCDMX
