CIUDAD DE MÈXICO 08 DE JUNIO ( CDMX MAGACIN).- Procesos de hasta siete años para una sentencia, tortuguismo en el seguimiento de las investigaciones y debilidad en las estrategias de prevención al delito, son aspectos que deben cambiar y rediseñarse para enfrentar el flagelo del feminicidio en la Ciudad de México.
La Diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, lamentó que, de más de mil 600 casos de feminicidio en la capital desde 2018, únicamente se hayan emitido 460 sentencias y las familias del resto de las víctimas sigan peregrinando por justicia.
“¿No eligieron a sus “jueces del bienestar” con acordeones para supuestamente estar mejor? Hoy el sistema está peor porque no tocaron ni mejoraron los ministerios públicos, pero sí destruyeron el sistema con jueces ignorantes, improvisados y a modo. Las mujeres exigimos justicia.”
Laura Álvarez Soto mostró indignación por los nulos avances en las carpetas de investigación por feminicidios en la capital.
“Los tiempos de judicialización y enfrentar muchos obstáculos pone en riesgo llevar ante la justicia a los responsables, lo que puede hacer que salgan libres en caso de que hayan sido aprehendidos”.
La panista comentó que eso representa un golpe fuerte para las familias. “En la Ciudad de México se establece que son dos años como límite para darle sentencia a un agresor, pero las deficiencias en el Ministerio Público tiran los casos”.
Laura Álvarez informó que hoy en día, es Iztapalapa la Alcaldía que concentra el mayor número de feminicidios o al menos, casos ingresados ante el Poder Judicial. “Son muchas instancias las involucradas, donde también participa el gobierno central con acciones de política pública, así como el Poder Legislativo desde luego y los ministerios públicos”.
La panista se comprometió a reforzar los presupuestos hacia las instituciones de educación, empleo, vivienda y becas, así como la procuración de justicia digna para mujeres y víctimas de violencia. “De todos tipos, desde la doméstica, física, psicológica, sexual y económica”.
Señaló que el rediseño de los ministerios públicos es clave, es imperdonable que insistan por ejemplo en pedirle a las familias esperar 72 horas para iniciar las carpetas ante casos de mujeres desaparecidas. “Eso no está en la ley ni es moral, la 4T no puede seguir siendo indolente y cómplice”.
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