Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Si van unificados el Gobierno de la Ciudad de México, todos los legisladores y con el respaldo político de los 16 alcaldes, en las próximas semanas podrían finalmente enfrentar el poder mediático que hay detrás del mugrero de las cableras en la capital del país, y aprobar una reforma legal que los obligue primero a quitar lo inservible, y después a soterrar todo lo funcional, lo ya colocado y por colocar.
Precisamente así es como llaman a esa reforma, la del “soterrado” de cables, de la cual hay varias iniciativas, del bloque oficial y de la oposición panista, cuya esencia es más o menos la misma: limpiar ese mugrero del espacio público, del paisaje urbano, que además representa riesgos para la seguridad de las personas.
Se trabaja ya en Comisiones legislativas para sacar pronto un dictamen que podría llevarse a votación por parte del pleno cameral del Congreso de la Ciudad de México en un periodo extraordinario para el mes de julio. Ese es el plan que impulsan al menos el diputado opositor Ricardo Rubio (PAN), y Jesús Sesma, coordinador del PVEM, ubicado en el ala oficial.
En este mal del cablerío también tiene una responsabilidad importante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues en la mayor parte de los casos es propietaria de los postes que formalmente alquila a las cableras, y le genera un ingreso, si es que verdaderamente les pagan. Pero también la CFE ha incurrido en retrocesos importantes, como el caso del Centro Histórico de la CDMX, donde durante la administración de López Obrador en el GDF se quitó el cablerío aéreo, se soterró, pero lo han ido volviendo a colocar, incluso a unos metros del Congreso capitalino.
El mayor caos proviene de las cableras, cuyo origen se remonta a la década de los 1980, cuando era una sola empresa la que proveía ese servicio, propiedad de la televisora pública más poderosa de aquella época y de las décadas siguientes. Por eso, por temor, las autoridades les dieron manga ancha para colgar millones de metros de cable.
En la última década, ni desde la Jefatura de Gobierno, ni jefes delegacionales ni alcaldes –salvo excepciones de 2021 para acá– han exigido a las empresas que retiren su cable inservible. Podrían haberlo fundamentado en la Ley de Protección civil e incluso emitir multas, pero nada.
Paradójicamente, el problema se hizo mayor desde 2018 que existe la reelección de alcaldes, porque pensando en su futuro político inmediato, pocos presionaron a las cableras para que quitaran su mugrero. Sólo actuaron en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. La jefa de gobierno anterior tampoco quiso presionar a las cableras, porque tenía enfrente su aspiración presidencial.
Las iniciativas que se van a discutir esencialmente coinciden en que las cableras deberán retirar su cable obsoleto y, en caso de no hacerlo, serán sancionados. Al mismo tiempo va una restricción paulatina para seguir colocando cableado en postes, deberán ponerlo de manera soterrada y sustituirlo por la emisión de señales por antena satelital. Falta determinar si habrá incentivos a las cableras, o simplemente que cumplan a rajatabla.
Parece viable políticamente que en las próximas semanas GCDMX, legisladores y alcaldes vayan en bloque por esta reforma, pero están obligados a contemplar sanciones en caso de incumplimiento, pero que verdaderamente las apliquen, porque si no, será letra muerta. Lo veremos.
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