Destacó que, tal situación ha sido aprovechada por estos negocios, para imponer su propio mecanismo de operación, reglas, tarifas y cláusulas que, incluso, resultan ser ilegales, al ir en contra de lo que establecen normas como las leyes de Establecimientos Mercantiles, Alcaldías y Movilidad e, incluso, del Código Penal2 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como los artículos 10, 48, 49 y 50 de la Ley de Establecimientos Mercantiles en materia de estacionamientos públicos.
Destacó que, tal situación ha sido aprovechada por estos negocios, para imponer su propio mecanismo de operación, reglas, tarifas y cláusulas que, incluso, resultan ser ilegales, al ir en contra de lo que establecen normas como las leyes de Establecimientos Mercantiles, Alcaldías y Movilidad e, incluso, del Código Penal.
Agregó que hay irregularidades en los contratos de adhesión y falta de información al público sobre los costos de sus servicios, así como tampoco existen informes sobre las acciones implementados por la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) o por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), para combatir estas irregularidades.
Y comentó que, no existe un sistema confiable que permita saber las particularidades de estos establecimientos, como numero de estacionamientos por Alcaldía, rango de tarifas, contratos de prestación de servicios o número de cajones, entre muchas otras irregularidades.
Por ello, insistió, surge la necesidad de crear un sistema de registro, que almacene toda la información referente a los estacionamientos existentes en la Ciudad de México y como operan.
