CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre, (CDMX MAGACÍN). – La diputada de Morena, Ana Buendía presentó en el una reforma para agravar las penas a este delito, que pasarían de un año 9 meses a 8 años 9 meses de prisión.
Expuso que, la iniciativa combate la usurpación de identidad, delito que si bien se encuentra tipificado, no contempla la agravante del uso de tecnologías avanzadas, lo cual significa una laguna legal que deja en indefensión a las personas.
Por lo tanto, el marco legal, propuso adicionar el artículo 211 Ter y un párrafo al artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal dijo que estas modificaciones buscan agravar las penas para quienes cometan usurpación de identidad utilizando tecnologías de información, programas informáticos, software, hardware, o cualquier otro medio tecnológico.
Además, se propone incrementar las penas para quienes intervengan comunicaciones privadas sin autorización utilizando estos mismos medios tecnológicos.
Recalcó, que el problema es mayúsculo, ya que de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la usurpación de identidad con inteligencia artificial aumentó un 218%, al tiempo que se incrementaron más del 200% los casos de robo de identidad en 2023.
Recordó que, sus víctimas enfrentaron pérdidas económicas significativas, así como un impacto en su bienestar emocional y psicológico.
“Asimismo, un estudio israelí reveló que apenas nueve caras generadas con inteligencia artificial son suficientes para suplantar entre el 40% y el 60% de las identidades de la población mundial. Esto pone en duda la seguridad de herramientas como el reconocimiento facial, que se emplean para desbloquear dispositivos y acceder a información sensible”.
Mencionó además que los ilícitos de este tipo a los que se enfrenta la población son el fraude financiero: con identidades falsas generadas por inteligencia artificial para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos o realizar compras en línea; la suplantación de identidad, donde los delincuentes acceden a información personal y confidencial.
Además, softwares que pueden comprometer sistemas de seguridad que dependen del reconocimiento facial, como el acceso a edificios seguros o la autenticaciónn en plataformas digitales.