CIUDAD DE MÉXICO 05 DE MARZO (CDMX MAGACIN). – El líder del PAN Andrés Atayde presentó una iniciativa para incorporar mecanismos de trazabilidad financiera en los programas sociales, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos destinados a combatir desigualdades puedan seguirse con claridad desde su aprobación en el presupuesto hasta su entrega a las personas beneficiarias.
Atayde Rubiolo señaló que la política social debe entenderse como un instrumento para igualar condiciones y ampliar derechos, pero al tratarse de dinero público, también debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia, seguimiento y rendición de cuentas.
Explicó que cada año el Congreso de la CDMX aprueba importantes presupuestos para programas sociales, pero actualmente no existen herramientas claras para reconstruir el recorrido completo del dinero público desde su origen hasta su destino final.
“Si hoy cualquier persona puede rastrear un paquete que compró por internet desde que sale de una bodega hasta que llega a su casa, no hay razón para que el dinero público destinado a mejorar la calidad de vida de una persona no pueda seguirse con la misma claridad”, señaló.
La iniciativa propone tres medidas concretas para fortalecer la política social en la capital:
- Incorporar el principio de trazabilidad financiera en los programas sociales para que se pueda rastrear el destino de los recursos desde su asignación presupuestal hasta su dispersión final.
- Fortalecer la transparencia proactiva, permitiendo que la ciudadanía conozca con mayor claridad los criterios de selección, indicadores de impacto y mecanismos de asignación de apoyos.
- Reforzar la protección de los padrones de personas beneficiarias, estableciendo que cualquier uso indebido de esta información con fines políticos o electorales sea informado de inmediato a la autoridad electoral correspondiente.
El líder de las y los panistas en el Congreso subrayó que la iniciativa no busca eliminar ni reducir los programas sociales, sino fortalecerlos mediante mayor claridad y confianza pública.
“Los programas sociales no deben funcionar como cajas negras, sino como políticas públicas abiertas, evaluables y sujetas al escrutinio ciudadano”, afirmó.
Finalmente, destacó que la política social no debe entenderse como un favor político, sino como un derecho de las personas a contar con mejores condiciones de vida.
“A favor de que la política social sea cada vez más transparente y de que fortalezca derechos, no dependencias”, concluyó.
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