“Estos castigos se impondrán cuando utilicen el engaño o, furtivamente, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él; si el afectado es el propietario, bastará con que acredite la propiedad del inmueble o el proceso de adquisición si se trata de vivienda incluyente»
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio, (CDMX MAGACÍN).-El diputado local del PRD Víctor Lobo, dijo que propondrá una iniciativa para castigar con penas de 5 a 10 años de cárcel y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) para quienes cometan el delito de despojo inmobiliario.
Lobo Román, argumentó que las victimas de este tipo de delito son adultos mayores y los delincuentes operan en pandilla y utilizan la violencia física o moral y cuya pena crecerá una tercera parte si la víctima es considerada de atención prioritaria.
“Estos castigos se impondrán cuando utilicen el engaño o, furtivamente, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él; si el afectado es el propietario, bastará con que acredite la propiedad del inmueble o el proceso de adquisición si se trata de vivienda incluyente”, detalló.
Citó que, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 40 meses del actual Gobierno de la Ciudad de México el delito de despojo aumentó 28%, en comparación con el mismo periodo de la pasada administración.
Y agregó que, de diciembre de 2018 a abril del 2022, la Fiscalía capitalina inició 13 mil 996 carpetas de investigación por este ilícito, mientras que de diciembre de 2012 a abril de 2016 abrieron 10 mil 921 indagatorias.
Puntualizó también que con base en el Informe de Actividades presentado por la FGJ capitalina, en lo que va del año ha iniciado mil 73 carpetas de investigación, 63 de ellas con detenido y puestos a disposición del Ministerio Público a 134 sospechosos, además de asegurar 100 inmuebles, de los cuales 38 fueron restituidos a sus propietarios.
Es decir, del total de carpetas de investigación iniciadas, solo pudieron judicializar el 5%, recuperando solo 9.3% de los inmuebles presuntamente despojados, pero sólo 3.5% fueron restituidos a sus legítimos propietarios.
“Esto refleja la falta de eficacia jurídica para la persecución de este delito y, como consecuencia de ello, su disminución. Esto hace que para cierto grupo de personas e incluso organizaciones vean la forma de hacerse de bienes ajenos, ya que aun y cuando sean denunciados, estos seguirán tendiendo la posesión del inmueble hasta que sea definida la situación legal del mismo, lo cual se entrampa en complicadas etapas ministeriales y judiciales”, dijo Lobo Román.
