CIUDAD DE MÉXICO 04 DE JUNIO ( CDMX MAGACIN).-En un episodio que exhibe la lógica de simulación política y el menosprecio por la ética parlamentaria, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México consumaron el rechazo a la iniciativa conocida como “Ley Antichapulín”.
La sesión, celebrada el 28 de mayo de manera virtual, concluyó con la decisión de “sepultar” la propuesta, pese a que el dictamen originalmente reconocía la necesidad de inhibir el transfuguismo legislativo. Sin un debate sustantivo, el bloque oficialista encabezado por Morena y sus aliados optó por cerrar el paso a la reforma.
Al final de la sesión, únicamente las y los Diputados del Partido Acción Nacional votaron a favor, del dictamen con el objetivo de defender la voluntad ciudadana y la pluralidad expresada en las urnas.
La propuesta, presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo y respaldada por el Diputado Diego Orlando Garrido López desde el 2024, buscaba reformar la Constitución local, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Congreso para impedir que legisladores cambien de afiliación partidista durante el ejercicio de su encargo.
En su exposición de motivos, la Diputada Montes de Oca fue categórica al señalar que el cambio arbitrario de partido constituye una forma de engaño al electorado: “No sancionar a los legisladores, que una vez que son electos y llegan al cargo a través de un partido político, cambian de afiliación durante su mandato representa una vulneración directa y un fraude a la voluntad ciudadana. Este fenómeno, conocido como ‘chapulineo’, traiciona el voto de los electores que eligieron no solo a una persona, sino a una agenda política en su conjunto”.
La legisladora sostuvo que el sistema democrático se fractura y debilita cuando los representantes traicionan el mandato recibido, alterando el equilibrio político definido por la ciudadanía en las urnas, y subrayó además que, de acuerdo con datos del INE, más del 90% de los votantes respaldan un proyecto de partido, lo que convierte el abandono de dichas siglas en una ruptura directa de la confianza electoral.
Bajo la conducción de la Diputada Daniela Álvarez Camacho, también del PAN y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, se analizó un dictamen que inicialmente reconocía la propuesta como una vía para fortalecer los contrapesos institucionales. El propio documento de las comisiones unidas señalaba que “los partidos políticos no solo cumplen una función representativa, sino que también son elementos fundamentales para la configuración de los contrapesos en los sistemas de gobierno”.
Sin embargo, estos argumentos técnicos fueron desestimados por la mayoría oficialista, en lo que evidencia una decisión política orientada a preservar la capacidad de cooptación legislativa.
El dictamen advertía con claridad sobre el riesgo de las mayorías ficticias: “La práctica en la que una persona legisladora cambia de un partido a otro… trae como consecuencia que se generen mayorías artificiales mediante las cuales se hace ociosa la deliberación seria y profunda sobre temas trascendentales”. Al rechazar esta norma, Morena confirma que su discurso anticorrupción se diluye en la práctica, al optar por mantener un sistema que facilita la “compra de voluntades a través de ofrecimientos de cargos, recursos o beneficios”, debilitando las bases mismas de la democracia representativa.
Mientras el oficialismo cerró la puerta al intercambio de ideas, la bancada del PAN sostuvo una postura firme en favor de mecanismos más transparentes y coherentes con la voluntad ciudadana. La iniciativa de Montes de Oca no partía del vacío: se sustentaba en el derecho comparado de países como India, Sudáfrica y Alemania, donde existen mecanismos que permiten la pérdida del escaño cuando un legislador abandona el partido que lo postuló. Resulta profundamente preocupante que este debate haya sido frenado en el seno de las comisiones y no se haya permitido su discusión en el Pleno del Congreso.
El oficialismo impidió que la ciudadanía observara a sus representantes deliberar sobre una propuesta que contemplaba sanciones de 6 a 9 años de inhabilitación para los llamados “tránsfugas”. Con esta decisión, Morena blinda el oportunismo político y consolida un modelo en el que los intereses personales prevalecen sobre la soberanía popular, la cual, como recordó la diputada proponente citando la Constitución, “reside esencial y originariamente en el pueblo”.
A pesar del resultado de la sesión, la Diputada Montes de Oca advirtió que la defensa de la “Ley Antichapulín” no concluye aquí, sino que seguirá presente como como una exigencia de congruencia política en un contexto donde la democracia no puede ser reducida a moneda de cambio para quienes conciben el cargo público como un botín y no como una responsabilidad frente al elector.
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