CIUDAD DE MÈXICO 02 DE ABRIL (CDMX MAGACIN).- Ante el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria en las grandes urbes, como la Ciudad de México, se requiere de un marco jurídico que incorpore y fomente la responsabilidad social acerca de la creación y promoción de una cultura de aprovechamiento y donación altruista de alimentos.
Lo anterior de acuerdo con una iniciativa de reformas al Artículo 5 de la Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, que fue presentada por la diputada Leticia Haro Jiménez al Congreso capitalino, en la Sesión Ordinaria del pasado 23 de marzo.
En ese contexto, resalta que la ONU ha dado a conocer que, pese a la producción suficiente de alimentos en el mundo, hasta 828 millones de personas padecen hambre y cerca de tres mil millones carecen de las condiciones para acceder a dietas saludables.
En su propuesta, la legisladora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI) señala que se busca garantizar la participación solidaria de la comunidad y del sector público, privado y social en este rubro.
Precisa que estas reformas contribuirían a fortalecer la participación ya prevista en la política pública local, al incorporar los conceptos de participación solidaria y comunitaria, con la finalidad de garantizar este enfoque en los consumidores y dichos sectores.
Haro Jiménez asegura en su documento que la donación altruista de alimentos es una herramienta relevante para fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso efectivo a la alimentación, así como para promover un uso socialmente responsable de recursos disponibles.
Además, argumenta, esta acción se ha consolidado en diversos contextos internacionales como una medida eficaz para combatir problemas como el desperdicio de alimentos y las condiciones de vulnerabilidad alimentaria.
Otro de los aspectos que destaca es que compartir insumos alimentarios representa una práctica social que promueve valores, como la responsabilidad colectiva y conciencia sobre el uso adecuado de recursos.
Asimismo, recuerda que el derecho a la alimentación se encuentra reconocido desde 1948 dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que fue incorporado en 1966 en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
