Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Una muestra del poco interés de la jefa de Gobierno Clara Brugada en la seguridad de los capitalinos es que a un año de iniciada su gestión no ha designado titular del Consejo para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, cuya labor ha sido de gran relevancia en sus dos décadas de existencia.
Desde la salida de Salvador Guerrero Chiprés, quien fue designado al inicio de esta administración como titular del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano), el Consejo lo encabeza como encargada la consejera honorifica Clara Luz Álvarez, quien al final de cuentas, me aseguran, no va a ser designada como presidenta.
A falta de un nombramiento, el Consejo ha operado por inercia. Su ayuda a la población es fundamental, porque en verdad sí funciona para atender a la ciudadanía en apoyo psicológico, emergencias en casos de que hayan sido víctimas de violencia, asesoría y acompañamiento legal directo, seguimiento a denuncias.
Sobre el futuro en el Consejo, se sabe incluso que Clara Luz respalda a la consejera María Elena Esparza Guevara, quien se perfila para presidir, por dos razones fundamentales: es experta en temas de derechos humanos y género, en un momento en que vivimos tiempo de mujeres. Además, posee experiencia suficiente en el Consejo, donde ha sido más de un lustro asesora honoraria, y cuenta con el respaldo prácticamente unánime de los 25 consejeros y consejeras.
Apoyan a Esparza organizaciones empresariales como la Canaco y la Coparmex, fundamentales en la conformación de este Consejo en el gobierno López Obrador en el DF, allá en 2004, tras una enorme manifestación contra la inseguridad, aquella de gente vestida de blanco a los que llamó “fifís”. El sucesor, Marcelo Ebrard, formalizó el Consejo en 2007.
Brugada debería darle celeridad a la designación de quien presida el Consejo, porque uno de sus principales problemas su primer año de gobierno es la seguridad. De acuerdo con la última encuesta del INEGI sobre la temática, el 63.2% de los capitalinos se siente inseguro.
Esa es la realidad que percibe la gente, a pesar de que ella ofrezca cifras alegres de que disminuyeron los delitos, en especial los homicidios, lo que es cierto en las estadísticas reportadas, pero con señalamientos de grupos de derechos humanos y expertos en criminalística de que esconden los asesinatos en el rubro de “desapariciones”, que han aumentado durante su gestión.
Así como huye Brugada a esa responsabilidad de designar a quien encabece ese importante Consejo Ciudadano, en otros temas fundamentales no se ve su autoridad, y actúa como si no se percatara que dejó de ser oposición hace al menos 7 años y tiene la obligación de que las leyes se cumplan.
Por ejemplo, en vez de aplicar su autoridad y obligar a las empresas Silza y Grupo Tomza, responsables del ‘pipazo‘ en Iztapalapa –que ya lleva 30 muertos oficialmente–, Brugada pretendió que los ciudadanos, de su bolsillo, indemnizaran a la gente. Pomposamente le quiso llamar “comité de solidaridad”, pero era una vil coperacha. Se percató de su enorme error y dio marcha atrás.
Brugada debe entender que su obligación es ejercer la autoridad, que prevalezca el imperio de la Ley. Es más duro pensar en la frase de reclamo de Alejandro Martí a la clase política, tras el secuestro y homicidio de su hijo: “Si no pueden, ¡renuncien!”. Urge esa designación y que Clara se haga cargo de los problemas. Lo veremos.
