Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Al margen del debate político, del uso partidista que se le ha dado, principalmente desde el oficialismo, hay una serie de preceptos legales que, de aplicarse con rigor, se cumplirían los protocolos para garantizar que no vuelva a ocurrir un hecho tan grave como la muerte de dos personas en un concierto, en este caso el “AXE Ceremonia”.
Para implementar los protocolos, no sólo son responsables las autoridades de la Alcaldía donde se celebre un evento de gran escala como el del sábado. Le toca en mayor medida al organizador, pero también al Gobierno de la Ciudad de México, porque en este caso se trataba de una concentración humana mayor a las 10 mil personas. Asistieron 60 mil.
Para fines de prevención de riesgos, en países anglosajones no existen lo que comúnmente nosotros llamamos “accidente” o “accidental”, que vemos como si el lamentable acontecimiento ocurriera por infortunio o por una mala jugada del destino. En realidad, este tipo de sucesos lamentables en que alguna persona resulta lastimada, herida, fallece suceden porque alguien hizo algo incorrecto, imprudente.
En el “AXE Ceremonia”, los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Hernández no habrían perdido la vida si los organizadores no hubieran colocado esas grúas sin calcular y prevenir riesgos. Es decir, no fue accidente. Por ello, a los responsables, sean autoridades o particulares, hay que aplicarles la Ley con todo rigor, en lo administrativo, en lo civil y en lo penal, si fuera el caso.
De los empresarios, los deudos no deberían descartar la posibilidad de un juicio civil para una indemnización millonaria. Cierto, no revivirá a sus hijos, pero sí podría ser un precedente para que en futuro otros promotores inviertan más en medidas de seguridad, porque les va a salir mucho más barato.
Los deudos incluso deberían recibir el respaldo de abogados que a cinco días ya les deberían haber asignado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, que de inmediato debe otorgar asistencia y atención integral.
También hacia la prevención futura debe aplicarse la Ley antes que la politización. La diputada Lizzette Salgado Viramontes (PAN), en su calidad de presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso CDMX, tiene mucha claridad sobre ello.
En todos los casos, dice, la responsabilidad es del organizador, quien debe contratar supervisores (avalados por las autoridades CDMX) que se hagan cargo del programa especial de protección civil, y más si se superan los 10 mil asistentes.
Si ocurre una tragedia, como el sábado, los organizadores están obligados a suspender de inmediato el evento, pero no lo hicieron. Tuvo que hacerlo la autoridad, pero fue tan veloz como se quisiera. Le tocaba al INVEA del GCDMX, que sí lo hizo, pero el trámite no es inmediato. Por eso tardaron 6 horas. También pudo actuar la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil del GCDMX, por tratarse de un espectáculo de más de 10 mil asistentes, según el artículo 75 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos DF. No actuó, y politizó el caso con un boletín inquisitorio.
Experiencias no tan distantes en que se aplicaron a posteriori más o menos con rigor los protocolos no se han repetido, como el incendio en la discoteca Lobohombo, que cobró la vida de 22 personas. En vez de la ‘grilla’, autoridades de Alcaldías y todo el GCDMX deben trabajar de inmediato en la prevención. ¿Será? Lo veremos.
