Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Mientras los jueces y magistrados de la Ciudad de México estarán de vacaciones hasta el 2 de enero y su presidente, Rafael Guerra está más ocupado en elegirse ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Congreso de la capital les preparan un albazo, un madruguete, algo así como el “zedillazo” de 1994.
Se prevé que a más tardar el 26 de diciembre se apruebe la reforma al Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), para homologarla con la federal, que mandató también elegir en las urnas a jueces y magistrados locales.
La semana pasada, en el Congreso capitalino se presentó la iniciativa de reforma a la Constitución de la Ciudad de México, para llevar a votación universal la integración de la red de juzgadores en el PJCDMX, que en su primera etapa, 2025, renovarán un tercio.
De acuerdo con estimaciones de los legisladores, esta reforma se aprobará a más tardar el 26 de diciembre que termina el actual periodo ordinario de sesiones, fecha límite para avalar el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. Van de la mano, porque tendrán que destinar recursos para organizar el proceso electoral (calculan 3 mil millones de pesos), para liquidar a los jueces y magistrados salientes y también por las modificaciones salariales, porque ya nadie podrá ganar más que la presidenta de la república, que percibe 134 mil 290 pesos mensuales.
Los jueces y magistrados iniciaron sus vacaciones el sábado 14. Volverán a labores el 2 de enero, día en que se encontrarán con varias noticias. La primera: ya habrá entrado en vigor esta reforma para renovar jueces y magistrados en tercios anuales.
También es muy probable que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México haya insaculado los nombres de los jueces y magistrados que concluirán labores en 2025 para que sus plazas vayan a las urnas. Ese mismo 2 de enero, se prevé que sea convocado el Comité de Evaluación para quienes aspiren a ser jueces o magistrados.
Algunos legisladores dicen que esta reforma no se votará ya en este año. Plasman dos argumentos: que tienen un plazo de 180 días, según lo mandata la Constitución federal en la reforma de septiembre, y dos, que las reformas constitucionales no pueden votarse en el mismo periodo ordinario que se presenta la iniciativa y por lo tanto tiene que ser en el siguiente, que inicia en febrero. Sin embargo, también establece la excepción de que cuando se trate de un mandato constitucional –como es el caso, que proviene un transitorio de la federal– puede ser en el mismo periodo ordinario, es decir, a más tardar el 26 de diciembre.
En la Ciudad de México, por lo planteado en la iniciativa, se prevé que el Congreso tendrá absoluto control del proceso, porque los aspirantes sólo podrán registrarse ante el Poder Legislativo capitalino, concebido como el gran filtro. Ahí hay la posibilidad de ‘rasurar’ a quienes, por ejemplo, no sean del agrado de la 4T, que posee la mayoría Constitucional. Luego, el Poder Judicial o el Ejecutivo podrán hacer una revisión de los registrados, no podrán agregar aspirantes.
Todo apunta que los diputados darán “vacacionazo” a jueces y magistrados del PJCDMX, algo bastante parecido a lo que hizo en diciembre de 1994 el presidente Ernesto Zedillo, que disolvió a la Corte cuando estaban de vacaciones. Así parece que será ahora con el PJCDMX. Lo veremos.
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