CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre, (CDMXMAGACÍN). El alcalde Giovani Gutiérrez señaló que la venta de alcohol de manera ilegal en la vía pública se ha convertido en un grave problema que atenta contra la salud de la niñez y la juventud, por lo que su comercialización debe dejar de ser una falta administrativa para convertirse en un hecho de carácter penal.
Después de que esta iniciativa -presentada por el alcalde-, fuera turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que hoy existe una gran oportunidad para revisar esta propuesta, analizarla y enriquecerla, incluso, las y los legisladores pueden modificarla de manera que la llamada Ley Antimichelada, pueda ser más efectiva.
“El fenómeno de las chelerías toreras o ilegales no es exclusivo de una o dos alcaldías. Es un problema que afecta a toda la Ciudad de México. Hoy esas chelerías toreras están en la calle, en los tianguis, en las plazas y no se puede permitir que las bebidas alcohólicas queden a la mano de niñas, niños y jóvenes.
Ya en algún momento se legisló sobre el consumo de tabaco, su publicidad y su venta. Es momento de revisar la venta de alcohol en la vía pública. No puede seguir siendo una falta administrativa porque se convierten en focos rojos. El alcohol es generador de situaciones de violencia y provoca conductas delictivas”, explicó.
Giovani Gutiérrez celebró que esta no sea la única iniciativa en esta materia y que haya sido el Jefe de Gobierno, Martí Batres quien haya presentado la propia; ambas fueron presentadas en la misma fecha. Contar con dos iniciativas sobre el mismo tema, dijo, le brinda la posibilidad a las y los diputados, a que se haga un análisis más profundo y esta Ley Antimichelada, pueda enriquecerse.
La propuesta de reforma del alcalde Giovani Gutiérrez contempla modificar el Código Penal para agregar un artículo 159 bis, con el objetivo de que la venta ilegal de alcohol en vía pública se sancionado con una pena de 3 meses a 3 años de prisión y una multa de 10 mil a 54 mil pesos, ya sea en puestos móviles, mercados sobrerruedas, tianguis o en inmuebles habitacionales.
Además, se harán acreedores a las sanciones quienes vendan estos productos en un radio menor a 2 kilómetros de cualquier centro educativo y se aumentará la pena en una mitad, en caso de venta a menores de edad.
Finalmente, la iniciativa también propone que este delito sea perseguido de oficio.
