CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE MAYO, (CDMX MAGACÍN).– En el congreso de la Ciudad de México, al continuar con las mesas de discusión para promover la participación ciudadana, legisladores, académicos, funcionarias públicas y organizaciones de la sociedad civil, coincidieron en la urgencia de crear un reglamento para la ejecución del presupuesto participativo, ya que hasta el momento existe demasiada opacidad sobre su ejercicio, además de que es aprovechado para la promoción política y de coto de poder económico.
En el Auditorio Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo el foro “Presente y Futuro de la Participación Ciudadana en la CDMX: Presupuesto Participativo”, la diputada Nancy Núñez Reséndiz comentó que es necesario hacer reflexiones sobre la actual Ley de Participación Ciudadana local, con el propósito de hacer los cambios necesarios pero de manera asertiva.
La vocera del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino señaló que con la pandemia se tuvo que innovar sobre el proceso del trabajo que se venía haciendo para promover los proyectos de mejoramiento de las colonias, así como de votación de aquellas propuestas viables.
“Es necesario visibilizar que hay cosas que corregirse, porque tenemos 20 mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, y entre ellos está el presupuesto participativo, el plebiscito, audiencias, silla ciudadana, tenemos 20 mecanismos para incidir en las políticas públicas”, subrayó.
Durante su turno, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa afirmó que es necesario escuchar la voz de toda la ciudadanía, así como de la academia y organizaciones de la sociedad civil, ya que ello ayudará a contar con una ley mucho más eficaz.
Bravo Espinosa destacó que a 10 años de haberse iniciado dicho proceso, se ha demostrado que aún hace falta mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas en órganos administrativos y de los ciudadanos, debido a que no se puede hablar de participación ciudadana si no se dan las herramientas, el monto de proyecto, para cuánto nos alcanza, desde la perspectiva gubernamental y proponer catálogos de lo que sí y no se puede aplicar el Presupuesto Participativo.
“Que el presupuesto participativo pueda ser ejercido por los propios ciudadanos y eso nos ayuda hasta para emplear a nuestros vecinos y vecinas, siempre y cuando con reglas claras, por ejemplo en Tlalpan en 2012 se ejerció el presupuesto participativo en el capítulo cuatro mil”, mencionó.
Por su parte, Greta Ríos, directora de Ollin A.C. aseguró que la Ley de Participación Ciudadana no es suficiente, puesto que se necesita un instrumento legal para cada mecanismo, principalmente un reglamento para el presupuesto participativo que termine con el vacío legal que actualmente existe.
“Para que las personas no hagan del presupuesto participativo un coto de poder, del poder del dinero o voluntad política y eso no puede seguir sucediendo. Están haciendo política desde el presupuesto participativo y hay pocas personas que hacen participación ciudadana”, denunció.
Greta Ríos indicó que el Presupuesto Participativo de la Ciudad de México es el cuarto más grande del mundo pero es paradójico que no exista autoridad alguna que le dé seguimiento al gasto, que haga monitoreo, actualmente no se da a conocer, en tiempo real, que proyecto es el ganador.
Asimismo, el académico Daniel García Muñoz, profesor de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” sede Azcapotzalco, consideró que los recursos destinados para el ejercicio ciudadano deben aumentar cada año y no sólo quedarse con el 4 por ciento del presupuesto de las Alcaldías.
También coincidió en que “existen vacíos en la ley. Debemos enriquecer la Ley de Participación Ciudadana. A través de la academia se ha documentado una serie de vacíos ejecución y seguimiento del ejercicio 2020-2021, porque hay alcaldías que no han podido decir qué es lo que están haciendo, en dónde están esos presupuestos participativos, no hay sanciones para las alcaldías que no están ejerciendo al Presupuesto Participativo”, lamentó.
Por lo que denunció que las autoridades a quienes se les pregunta sobre la ejecución de los recursos, son hostigados.
Sandra Vivanco, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos de la Ciudad de México, informó que en 2020 se atendieron a 576 personas, quienes se quejaron sobre la forma de gastar los recursos del presupuesto participativo, mientras que en 2021 fueron 486, a quienes se les dieron acompañamiento para atender sus demandas que advertían sobre irregularidades
