CIUDAD DE MÉXICO 22 DE ABRIL (CDMX MAGACIN).– La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la iniciativa de reforma constitucional que enviará al Congreso de la Ciudad de México para garantizar el derecho al arraigo comunitario; establecer rentas justas, razonables y asequibles, y transformar de fondo las relaciones entre inquilinos y arrendadores en la capital del país.
«Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad», expresó Brugada Molina.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina indicó que con el envío de la iniciativa se busca elevar a rango constitucional un conjunto de reformas en materia de vivienda en renta y dar así la mayor protección jurídica posible.
«Blindamos el horizonte compartido, de caminar hacia una ciudad más justa, habitable y asequible. Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”, explicó.
Indicó que la segunda etapa continuará con la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles para dar respuesta a una legítima exigencia de grandes mayorías sociales, «una demanda que históricamente ha sido levantada desde las calles, expresada en foros y en diversos espacios de participación y ha sido enarbolada también por movimientos y organizaciones de la sociedad civil».
Brugada Molina subrayó que la iniciativa incorpora cuatro ejes estructurales, donde el primero de ellos propone establecer a nivel constitucional que los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación, y de esta manera tratar de elevar al máximo nivel jurídico este principio fundamental de justicia.
El segundo, busca incluir en la Constitución la obligación del Gobierno de articular una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible, así como los mecanismos de acceso a la misma vivienda, en particular a los sectores que menos recursos tienen y a los jóvenes, a fin de contribuir al arraigo vecinal, disminuir las desigualdades territoriales y construir relaciones inquilinarias justas y equilibradas.
Además de considerar como mandato que el Gobierno capitalino amplíe su reserva territorial para la producción de vivienda.
Como tercer eje, se considera incorporar en la Constitución la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, encargada de la promoción y de la defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
El último eje plantea incorporar el derecho constitucional de todos los habitantes de la ciudad al arraigo vecinal y comunitario; al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia donde hayan desarrollado sus proyectos de vida.
Con ello, la Ciudad de México se posiciona a la vanguardia al establecer, desde su Constitución, mecanismos concretos para contener el alza de rentas y enfrentar fenómenos como la gentrificación.
La Jefa de Gobierno hizo un llamado respetuoso al Congreso local para iniciar el análisis de la propuesta y, posteriormente, someterla a discusión en el pleno. Explicó que esta reforma representa la primera etapa de una ruta legislativa que culminará con la presentación de la Ley de Rentas Justas, razonables y asequibles.
La mandataria recalcó que la iniciativa responde a una crisis global de vivienda que afecta a más de 3 mil millones de personas. En la Ciudad de México, señaló, cerca de 2 millones de personas viven bajo el régimen en renta; en las zonas centrales, más del 40 por ciento destina parte de sus ingresos al alquiler, y en muchos casos los hogares más pobres llegan a gastar hasta la mitad de sus ingresos en este rubro.
El secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton, señaló que la reforma constitucional permitirá dar certeza jurídica en materia de rentas, en línea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y enfatizó que la solución de fondo implica incrementar significativamente la oferta de vivienda mediante inversión pública y privada.
Discussion about this post