CIUDAD DE MÉXICO 22 DE ABRIL (CDMX MAGACIN). – Mario Sánchez, diputado del PAN propuso fortalecer la justicia cívica con enfoque territorial y transparente para mejorar la Ciudad y que sea dirigido conforme a indicadores y necesidades de las colonias.
“Por eso propuse que el trabajo comunitario que imponen como castigo las y los jueces cívicos en la Ciudad de México, sea dirigido conforme a indicadores y a las necesidades de nuestras colonias”, expreso Sánchez Flores en redes sociales.
Explico que, que busca reformar a Ley de Cultura Cívica para priorizar el trabajo comunitario en zonas con necesidades reales y generar indicadores estadísticos y territoriales que permitan prevenir conductas reincidentes y mejorar el espacio público y atención de problemáticas concretas en las alcaldías.
“La propuesta establece que la persona juzgadora deberá priorizar los requerimientos formulados por las alcaldías al asignar trabajo comunitario; además, el sistema electrónico deberá mostrar y priorizar jornadas en zonas con necesidades específicas reportadas por las autoridades territoriales”, explicó
También ordena la publicación de indicadores sobre infracciones cívicas, sanciones aplicadas y trabajo comunitario, desagregados por tipo, ubicación y fecha, con plena protección de datos personales.
“No basta con sancionar; también debemos identificar por qué ciertas conductas se repiten en determinados puntos de la ciudad y corregir las condiciones que las permiten”, señaló el diputado
Con esta información, las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad podrán identificar puntos donde se reportan conductas sancionables de manera reiterada y determinar si el deterioro del entorno, la falta de mantenimiento o la mala iluminación están favoreciendo esa recurrencia, para entonces diseñar políticas públicas focalizadas que solucionen el problema de fondo.
Consideró que, la iniciativa también fortalece una visión de seguridad y perspectiva de género, al permitir orientar acciones hacia espacios inseguros o deteriorados que afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas y adolescentes. Con ello, se impulsa una justicia cívica preventiva, restaurativa y con impacto territorial.
